Así lo ha señalado el portavoz del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, durante la rueda de prensa que esta mañana ha ofrecido en el Palacio de Fuensalida para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno celebrado ayer martes, y en la que ha expresado su temor a que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pueda aprobar nuevas derivaciones pese a estar en funciones.

Hernando ha recordado que las lluvias de las últimas semanas han elevado presuntamente los niveles de los pantanos de Entrepeñas y Buendía hasta los 337 hectómetros cúbicos, apenas un hectómetro cúbico por encima del límite fijado por el propio Ministerio por debajo del cual no se puede seguir trasvasando agua.

El portavoz ha expresado que el Gobierno regional tiene serias dudas de que éste sea realmente el volumen embalsado y ha recordado que la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha ha solicitado en varias ocasiones que nos faciliten datos del agua desembalsada en cada uno de los trasvases aprobados desde el pasado mes de julio.

Así, ha denunciado la “total opacidad” y falta de transparencia del Ejecutivo del PP ya que desde el primer día “este gobierno ha reclamado que se revisen las mediciones de los sedimentos acumulados para descontarlos de la capacidad real de Entrepeñas y Buendía”; sedimentos que, según el Gobierno castellano-manchego, podrían representar hasta un 10 por ciento del volumen total.

Nacho Hernando ha añadido además que, en relación a este último trasvase, no se sabe con certeza cuando se ha enviado o se enviará el agua, debido a que la infraestructura del acueducto Tajo-Segura está siendo sometida a trabajos de mantenimiento. Según el portavoz, cabe la posibilidad de que el volumen de agua total entre ambos embalses podría haber subido no ya por las últimas lluvias, sino porque el sistema estuviera parado.

“En el momento de la reanudación del sistema el nivel podría bajar muy por debajo del nivel que el Ministerio tiene como referencia mínima, y que en todo caso viene siendo muy inferior al mínimo legal de los 400 hectómetros cúbicos”, ha manifestado.

El portavoz regional ha lamentado que este nuevo trasvase vuelva a contar con el beneplácito del principal partido de la oposición y de su líder María Dolores de Cospedal, a la que ha pedido “que hable con sus compañeros de partido para que nos faciliten los datos verídicos y reales del volumen de agua en los pantanos” y a la que ha instado a defender los intereses de su región “por encima de los de sus siglas”.

Nacho Hernando ha reprochado además al Gobierno del PP que no esté en funciones para aprobar planes de cuenca y sí para rechazar el Plan de Viabilidad de la empresa Elcogas de Puertollano, señalando que el Ejecutivo de Emiliano García-Page pedirá una reunión urgente al presidente Rajoy y al ministro Soria por dar carpetazo “sin ningún tipo de prórroga y sin comunicarlo al Gobierno regional un plan de viabilidad pedido por ellos mismos”.

“Si tienen la autoridad para aprobar planes lesivos para Castilla-La Mancha, también la tienen para cambiar tres palabras en el BOE para dar salida y solución a esas trescientas familias de Puertollano a las que han mantenido en vilo desde el pasado mes de agosto”, ha aseverado Hernando, quien ha instado al Gobierno central en funciones a “no quedarse de brazos cruzados ante un drama social”.

Oficina de Contratación

En otro orden de asuntos, Nacho Hernando ha anunciado también que el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la creación de la Oficina de Contratación del sector público regional, con dependencia orgánica de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y adscrito a la Secretaría General de la misma, y cuya función será gestionar toda la actividad contractual de la Junta de Comunidades y de sus organismos autónomos.

Castilla-La Mancha se sitúa así a la vanguardia de las administraciones públicas al crear un órgano técnico especializado en materia de contratación, que busca potenciar la transparencia, la concurrencia competitiva en la contratación pública y una gestión más eficiente de los fondos públicos al establecer criterios homogéneos y comunes en los contratos a licitar.

La puesta en marcha de esta oficina, ha explicado Hernando, permitirá además “profesionalizar la gestión de la contratación pública, ya que estará integrada exclusivamente por personal funcionario especializado sin que forme parte de la misma ningún alto cargo”, y realizar un control riguroso de la actividad contractual de los organismos y entidades del sector público regional.

La creación de este órgano también permitirá potenciar los procedimientos contractuales en los cuales existe concurrencia efectiva de licitadores en detrimento de aquellos en los que no existe, y mejorar la seguridad jurídica de los licitadores al disponer de un interlocutor único en materia de contratación.

El portavoz del Gobierno regional ha destacado que la puesta en marcha de esta oficina no supondrá coste adicional alguno ya que la misma será fruto de una redistribución de los recursos humanos y materiales existentes en la actualidad en materia de contratación.