Ruiz Molina así lo ha manifestado durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy para presentar los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2016 en la provincia de Toledo, acompañado por el delegado de la Junta, Francisco Javier Nicolás.

El consejero ha explicado que el pasado viernes, 12 de febrero, la Consejería de Hacienda y Administraciones Púbicas recibió un fax del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por el que tuvo conocimiento de que el Gobierno en funciones de Rajoy ha iniciado el procedimiento al objeto de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha.

En concreto, se trata de la Ley 7/2015, de 02 de diciembre, que establecía la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos desde el 1 de enero y la ampliación de la edad de jubilación del personal funcionario y estatutario de la Junta de Comunidades.

En el fax recibido el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas plantea diversas discrepancias en relación con el artículo 1º y la disposición adicional 2ª de la citada Ley regional, es decir, contra la reducción a 35 horas semanales de la jornada laboral para los empleados públicos y la prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario y estatutario.

Esta comunicación insta a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas a iniciar el trámite para buscar una solución que evite el recurso de inconstitucionalidad, trámite que consiste en convocar la comisión bilateral de cooperación de la Administración General del Estado con la Comunidad Autónoma.

“Nosotros recibimos el fax el día 12 y ese mismo día contestamos al Ministerio mostrando nuestra disposición a que se convoque dicha comisión porque vamos a defender con uñas y dientes una decisión aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha, el máximo representante de la soberanía popular de la región”, ha destacado Ruiz Molina.

A partir de ahora, ha explicado el consejero, debe ser el Estado el que convoque a esta comisión a la Comunidad Autónoma. Si cuando se celebre la misma ambas partes se ponen de acuerdo en iniciar negociaciones, el plazo para la interposición del recurso se amplía seis meses, hasta el 16 de septiembre. Por el contrario, si no hay acuerdo, el Gobierno en funciones de Rajoy podría interponer el recurso de inconstitucionalidad antes del 16 de marzo.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado que la Ley contra la que el Gobierno en funciones de Rajoy quiere presentar el recurso de inconstitucionalidad “supone, por un lado, recuperar un derecho de los empleados públicos que ya tenían reconocido con anterioridad, algo a lo que se había comprometido el presidente García-Page” y, por otro, “no solamente conciliar la vida laboral con la familiar sino también el crecimiento del empleo público, con lo que tiene de positivo en lo que se refiere a la prestación de los servicios públicos”.

Desde el punto de vista jurídico, Ruiz Molina ha aclarado que el Gobierno regional no tiene “absolutamente ninguna duda de que se ha actuado respetando en todo momento la legislación vigente”, ya que el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, vigente desde el pasado 01 de noviembre de 2015, establece en su artículo 47 que corresponde a las administraciones públicas establecer la jornada de trabajo de sus empleados públicos.

Por lo tanto, ha añadido el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ejecutivo regional “tiene tranquilidad absoluta porque se está aplicando la legislación vigente en ese momento”.

Ruiz Molina ha calificado como “curioso” que un Gobierno que está en funciones y que esa situación de interinidad le impide a Rajoy reunirse con el presidente García-Page para resolver problemas importantes que afectan a Castilla-La Mancha, como la situación de Elcogas, no considere que está en funciones “cuando decide autorizar un nuevo trasvase a Murcia o para iniciar un procedimiento contra una norma que restaura derechos de nuestros empleados públicos”.

Se insta al PP a interceder para reponer el daño causado a los empleados públicos en la anterior legislatura

En relación con la posición del PP ante este asunto, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha considerado que es “una buena oportunidad” para que demuestre que su “tan llamativa y repentina defensa a ultranza de los derechos de los funcionarios” que manifiesta desde que está en la oposición “no es pura demagogia”.

Por ello, Ruiz Molina ha instado al PP en Castilla-La Mancha a hablar con sus compañeros de Madrid para evitar el inicio de este procedimiento que, “aunque no va a llegar a ningún puerto, genera nerviosismo entre los empleados públicos de esta región”.

En este sentido, el consejero ha recordado que el PP se abstuvo en la aprobación de esta Ley en las Cortes castellano-manchegas “no porque estuviera en contra del fondo sino porque decía que no tenía la consiguiente consignación presupuestaria”. Dado que esta consignación presupuestaria ya se ha demostrado que viene recogida en el proyecto de Ley de Presupuestos regionales para 2016, sería un “muy buen gesto por parte del PP en esta región manifestar ese interés desmesurado por los funcionarios públicos y compensar intercediendo” para reponer “el daño causado” a los empleados públicos de esta región.

Por último, Ruiz Molina ha indicado que la abstención del PP en la aprobación de esta Ley, aun estando de acuerdo en el fondo, le suscitaba “la duda de si ya sabían de antemano que iban a provocar que el Gobierno de la Nación iniciara los trámites para interponer un recurso de inconstitucionalidad”.