Así lo ha dado a conocer el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, en la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana en el Palacio de Fuensalida para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno celebrado ayer.
Hernando ha explicado que la finalidad última de esta medida es “blindar esta prohibición e impedir su modificación o supresión por el Ejecutivo regional de turno” dejando esta facultad exclusivamente a las Cortes Regionales.
El portavoz ha señalado que los gastos protocolarios o de representación “deben respetar los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, proporcionalidad y finalidad pública”, principios, ha dicho, “legalmente establecidos” y ha subrayado que el personal al servicio de las administraciones públicas “debe tener un comportamiento ético ejemplar y honesto y administrar los recursos y bienes públicos con pulcritud extrema”.
En el acuerdo del Consejo de Gobierno se recoge asimismo que dichos gastos, según la ley, “son objeto de control formal a fin de verificar que el hecho que genera el gasto se ha producido realmente, mediante la factura o recibo correspondiente, así como la vinculación directa entre dicho gasto y el fin público perseguido con el mismo”.
Además de la prohibición de la utilización de tarjetas de crédito y/o débito con cargo a cuentas de titularidad pública, el Consejo de Gobierno acordó también desactivar las tarjetas de crédito y/o débito emitidas e instar al consejero de Hacienda a incorporar inmediatamente dicha prohibición en un proyecto normativo con rango de ley.
Gastos de Nacho Villa
Hernando se ha referido a las informaciones que han aparecido estos días en diversos medios de comunicación sobre los gastos realizados con las tarjetas que utilizó Nacho Villa, director del ente público Radiotelevisión Castilla-La Mancha durante la presidencia de Cospedal, y ha recordado que los servicios jurídicos de la Junta ya están analizando toda la información publicada para determinar si los gastos realizados pudieran ser constitutivos de algún tipo de irregularidad o delito penal.
El portavoz ha añadido que “lo más llamativo es la posibilidad de que esta persona haya retirado dinero en efectivo hasta en 33 ocasiones pese a tener un sueldo de más de 120.000 euros al año”, y todo ello, ha recalcado, “con un gobierno que tenía la austeridad y los recortes por bandera”.
