Se ha referido a las acusaciones que tanto el alcalde de Villar de Cañas como el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y algunos parlamentarios populares han vertido en la mañana de hoy, incluidas varias amenazas de querella criminal contra el presidente de la región, Emiliano García-Page, para indicar que son “barbaridades” que “están fuera de lugar” y que “no son admisibles ni teniendo en cuenta que estamos en precampaña electoral”. Por ello ha pedido “mesura y tranquilidad”, invitándoles a que “se serenen” y que tomen si así lo desean las vías legales contra la resolución que anula el POM que contempla la ley.
Elena de la Cruz ha afirmado que tanto el Ministerio de Industria como el Ayuntamiento de Villar de Cañas “están en su derecho” de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia o ante la propia Consejería “en lugar de amenazar al presidente de esta región a través de los medios de comunicación”. Preguntada sobre la posibilidad de que esto suceda, ha afirmado que “era previsible” y que “ése es el cauce legal”.
No obstante, ha reseñado que si finalmente el Ministerio acabase declarando el cementerio nuclear de interés general “sería imponer una instalación que no queremos en Castilla-La Mancha” sobre la que además persisten serias dudas en cuanto a la seguridad y la solidez de los terrenos que únicamente se han salvado “callando a los técnicos” del Consejo de Seguridad Nuclear “que han discrepado”.
Acto administrativo
La consejera ha manifestado que la anulación del POM es un “acto administrativo incluso rutinario” contra el que caben los oportunos recursos en caso de discrepar de su contenido pero que se trata de un documento avalado por los pronunciamientos jurídicos y técnicos de la Consejería.
A este respecto ha añadido que las impugnaciones de toda clase de documentos urbanísticos son habituales sin que generen reacciones tan virulentas en contra de las decisiones que adopta la administración y ha puesto dos ejemplos recientes sucedidos en Marbella y Ronda, donde se han anulado documentos urbanísticos esta misma semana por procedimientos similares al de ayer con Villar de Cañas.
“La legislación urbanística es compleja y genera en ocasiones controversias”, ha afirmado, y ha recordado que la Consejería recibe todas las semanas alegaciones contra planes de ordenación o planes parciales “de toda clase y condición” sin que “nadie sospeche de maniobras extrañas”.
La consejera ha afirmado que el ATC “no se ha tramitado correctamente”. En el caso concreto del POM de Villar de Cañas, Elena de la Cruz ha insistido en que todo el procedimiento para su aprobación, durante los últimos días del Gobierno anterior cuando ya se encontraba en funciones, se produjo “con una premura sorprendente en la tramitación”, pero que las dudas sobre la idoneidad del municipio conquense para albergar el ATC “no son nuevas”, puesto que ya se plasmaron en informes del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha en 2010 que suscitaban serias dudas medioambientales y urbanísticas tanto para el emplazamiento de Villar de Cañas como para el de Yebra, en Guadalajara.
