El primer paso de las acciones iniciadas es la definición, a través de la Dirección General de Asuntos Europeos, del territorio de Castilla-La Mancha que debe formar parte de un área de inversión integrada (ITI) para la recepción directa de fondos estructurales europeos contra la despoblación. Con ese objetivo se planteará “la creación de mesas sectoriales en las provincias de Cuenca y Guadalajara, con la participación de agentes sociales y económicos, para definir líneas de actuación y proyectos concretos”, ha indicado Martínez Guijarro.

El vicepresidente regional ha indicado que todo el territorio de la provincia de Guadalajara que no es el Corredor del Henares, así como la provincia de Cuenca en su conjunto, “han entrado en una fase crítica de despoblamiento y de desestructuración territorial que hace necesaria una actuación urgente por parte de las administraciones”.

La creación del área de inversión integrada permitirá coordinar la asignación de los distintos fondos estructurales europeos que hay a disposición del Gobierno de Castilla-La Mancha –Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, FEDER y Fondo Social Europeo-, así como pedir al Gobierno de España una reasignación de la parte de fondos estructurales que gestiona directamente el Estado, como ya la ha realizado en otras comunidades autónomas como Andalucía y Murcia.

El objetivo del Gobierno regional es promover una iniciativa conjunta con otras comunidades que sufren el mismo problema en parte de su territorio, fundamentalmente Aragón y Castilla y León, por lo que ya se han entablado conversaciones con el Gobierno de Aragón, según ha informado el vicepresidente de la Junta.

Varios años perdidos

José Luis Martínez Guijarro ha añadido que del problema de despoblamiento que sufren la provincia de Cuenca y gran parte de la provincia de Guadalajara, así como del proyecto Serranía Celtibérica para luchar contra esta situación, “se viene hablando desde hace mucho tiempo y nos habría gustado que el trabajo que ahora estamos iniciando se hubiese realizado hace cuatro años”, ya que “eso nos habría permitido que en el actual periodo 2014-2020 de programación de los fondos europeos, la ITI ya estuviese constituida y eso, a su vez, habría permitido una asignación directa de los fondos estructurales de la Unión Europea a estos territorios”.