El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una subvención de 365.000 euros destinada a sufragar el coste del personal que el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Castilla-La Mancha y los colegios oficiales de abogados de la región aportan a las seis oficinas antidesahucio puestas en marcha el pasado mes de octubre.