El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la firma del Plan de Vivienda Estatal 2018-2021 que contará con un presupuesto de 75 millones de euros para Castilla-La Mancha, del que el Gobierno regional aportará el 30 por ciento.

Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, que ha explicado de estos 75 millones de euros, 42,5 se destinarán a ayudas al alquiler, con un incremento de las destinadas a los jóvenes, que ascenderán a 17 millones de euros. El Plan contempla 27 millones de euros para rehabilitación y cinco millones para regeneración y renovación (ARRUs).

El Consejo de Gobierno autoriza la firma del nuevo Plan Estatal de Vivienda, dotado con 75 millones de euros para Castilla-La Mancha
§ Asimismo, se ha dado luz verde a la interposición de un recurso contra el triple trasvase aprobado por el Ministerio de Agricultura para los meses de abril, mayo y junio por su “clara ilegalidad” y por vulnerar la legalidad.

También se incluye una línea de ayudas a la adquisición de viviendas para jóvenes en municipios de menos de 5.000 habitantes, dotada con 2,4 millones de euros, y otra para promoción de la vivienda en alquiler con 600.000 euros.

Hernando también ha destacado que se priorizan, por primera vez, ayudas para entidades del Tercer Sector, tanto en materia de arrendamiento como de rehabilitación de viviendas que puedan servir a los fines desarrollados por estas “importantes aliadas” del Estado de Bienestar en Castilla-La Mancha.

Se estima que, una vez en ejecución, puedan beneficiarse de este Plan unas 30.000 viviendas en Castilla-La Mancha, lo que se traduce en más de 100.000 personas.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha subrayado el esfuerzo del Gobierno regional para ejecutar al cien por cien las ayudas contempladas en este Plan.

“El grado de ejecución de este Plan fue nulo durante la pasada legislatura y solo comenzó a ponerse en marcha a partir de la segunda mitad de 2015, ya con el Gobierno de Emiliano García-Page, y sobre todo en 2016, cuando se ejecutó el cien por cien”, ha recordado Hernando.

Adquisición de 215 nuevos electrocardiógrafos digitales

El Consejo de Gobierno también ha aprobado un gasto cercano a los 500.000 euros para la adquisición de 215 electrocardiógrafos digitales, junto con los sistemas de gestión informática necesarios para su funcionamiento, con el objetivo de reforzar la calidad de la asistencia que se presta en los centros de Atención Primaria de la región.

La adquisición de estos equipos, que irán destinados a 204 centros de salud, se enmarca en el Plan de Renovación de Alta Tecnología Sanitaria 2016-2021, y supone la digitalización de toda la electrocardiografía que se realiza en los centros de salud de Atención Primaria de la región.

“Gracias a este ambicioso y pionero proyecto, todos los facultativos y el personal sanitario implicado en la asistencia a un paciente con algún tipo de cardiopatía van a poder tener acceso inmediato y de forma digital a su registro electrocardiográfico a través de la historia clínica, de igual manera que ocurre con la imagen radiológica”, ha explicado Hernando.

De este modo, el electrocardiograma estará a disposición independientemente del nivel asistencial en el que se haya realizado y del tipo de facultativo, sea éste de Atención Primaria u Hospitalaria, permitiendo su consulta y favoreciendo el diagnóstico y la terapéutica eficiente y rápida para el paciente.

Además, la adquisición de estos 215 equipos permite que todos los centros de salud de la región cuenten con un equipamiento tecnológico con las mismas capacidades y mismas funcionalidades, favoreciendo un mejor acceso del paciente a la atención sanitaria.

“No queremos centros de salud de primera y de segunda, queremos reforzar a todos por igual”, ha enfatizado el portavoz, que ha recordado que durante 2017, los profesionales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha realizaron 87.254 electrocardiogramas, un 38,8 por ciento más que en 2016, con 24.000 pruebas más.

Prórroga del personal de refuerzo en los Servicios de Dependencia

Hernando también ha informado de la prórroga del programa temporal de diez funcionarios interinos de refuerzo de personal en los Servicios de Dependencia de las direcciones provinciales de la Consejería de Bienestar Social.

El portavoz ha recordado que gracias a este programa se ha podido “desatascar el enorme volumen de solicitudes Dependencia que había en los cajones de la Consejería de Bienestar Social y que había dejado el anterior Gobierno de Cospedal”.

Así, en lo que va de legislatura, el Ejecutivo autonómico ha reforzado con hasta 50 personas los equipos de valoración, lo que se ha traducido en 37.000 solicitudes presentadas en la actual legislatura, un 110 por ciento más, y que, a juicio del portavoz, “habla de la mayor confianza de los usuarios y ciudadanos de la región en el Sistema de Dependencia de Castilla-La Mancha”.

Así, hasta el pasado mes de abril, se han incorporado 18.849 beneficiarios más al Sistema de Dependencia, hasta alcanzar los 53.537 frente a los 34.688 que había en julio de 2015, al tiempo que ha incrementado cerca de 30 puntos porcentuales el grado de cobertura, hasta llegar al 85,81 por ciento.

Hernando ha destacado estas cifras pese a la deuda de 400 millones de euros que el Gobierno de España mantienen aún con la región en materia de Dependencia, un “agujero” que equivale al 1 por ciento del PIB regional, por encima del margen de déficit fijado en el 0,7 por ciento para Castilla-La Mancha.

Recurso al triple trasvase de 60 hectómetros cúbicos

Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado recurrir el triple trasvase de 60 hectómetros cúbicos aprobado por el Ministerio de Agricultura para los meses de abril, mayo y junio.

Hernando ha justificado la presentación de este recurso “no por capricho, sino porque es una situación que desafía la legalidad española” y ha expuesto los razonamientos jurídicos que motivan esta decisión.

Así, ha denunciado la “clara ilegalidad” de este trasvase porque el Ministerio tuvo en cuenta a la hora de calcular las existencias el “embalse muerto”, casi 120 hectómetros cúbicos, que “es básicamente lodo” y que “no se debe contabilizar porque no es agua, sino barro”.

Por otro lado, ha argumentado, “vulnera clarísimamente el principio de prioridad de la cuenca cedente porque consigue que no haya un caudal ecológico a su paso por distintas localidades de referencia en el transcurso del Tajo río abajo”.

Del mismo modo, no se respeta la proporcionalidad, ya que “se trasvasa todo lo que se puede”, ha asegurado Hernando, que ha recordado que el Memorándum del Trasvase “no estableció un suelo mínimo, sino una condena de techo máximo” por el que por encima de 400 hectómetros cúbicos “sacan todo el agua posible, incluso de manera desproporcionada”.

Hernando ha lamentado que “independientemente de que nos dé la razón un juez, Cospedal dirá que seguirá haciendo trasvases legales aunque un juez diga que son ilegales”. “Le da igual lo que diga la justicia y que ésta apoye a Castilla-La Mancha en materia de trasvases, algo que, ha añadido, “ni el Gobierno regional ni la ciudadanía van a permitir en un Estado de Derecho”.